Los peligros de ser un activista ambiental en México.

Crece la preocupación por los riesgos que supone proteger el medio ambiente en México. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental lleva analizando este asunto desde 2012, año en el que comenzó a publicar un informe anual sobre la situación de los defensores ambientales en México, con conclusiones alarmantes.


Por Julio Martínez García

La última edición del informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) corresponde a 2019. Es cierto que en ese año se identificaron 39 ataques a activistas ambientales, la cifra más baja desde que se tienen registros, si se exceptúa el primer ejercicio de la serie histórica. “Sin embargo, es necesario destacar que, de los casos acaecidos, casi un tercio fueron homicidios, resultando 15 personas asesinadas”, indican desde el CEMDA. “México se encuentra en los primeros seis puestos mundiales con un alto riesgo en la defensa ambiental”, asegura Alejandra Leyva, abogada de este centro de estudios.

Entre los sucesos más violentos de 2019 se ha de mencionar la muerte de Samir Flores, uno de los líderes que se posicionaron en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM). Se trata de un plan del Gobierno mexicano para crear una infraestructura de generación eléctrica en la zona central del país. Flores fue asesinado el 27 de febrero de 2019, en vísperas del referéndum propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dicho proyecto. Previamente, Samir había sido amenazado.

Otros ciudadanos muertos durante 2019 fueron Otilia Martínez y su hijo, Gregorio Chaparro, valedores del territorio pueblo rarámuri ante la tala ilegal; Luis Álvarez Flores, protector del santuario del mono saraguato o aullador negro (Alouatta pigra) y del río Usumacinta; o Isaías Cantú Chaparro, presidente del comisariado de bienes comunales de "Paraje Montero", en el estado de Guerrero. Cantú se había opuesto a la minería de oro y plata en esta zona.

Los asesinatos no fueron el único tipo de agresiones que soportaron los activistas ambientales mexicanos durante 2019. También ha habido amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, hostigamiento, difamaciones, desapariciones forzadas, allanamientos, robos y secuestros. “Estas personas se encuentran en permanente amenaza por la judicialización, el crimen organizado o la estigmatización del Gobierno federal si se oponen a alguno de sus proyectos”, denuncia el defensor ambiental mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres en 2016.

Alejandro González Rosado