Los nuevos argumentos contra una norma técnica para regular el aborto terapéutico en Costa Rica fueron calificados de ilógicos por la activista Larissa Arroyo, quien en diálogo con Sputnik reivindicó la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos en su país.
"Las acciones emprendidas por estos sectores parten de argumentaciones ilógicas y sin un sustento jurídico: alegan, por ejemplo, que en lugar de una norma debería haber una ley, cuando esta existe en el Código Penal desde hace décadas", aseguró a Sputnik la directora de la Asociación Ciudadana Acceder.
Arroyo reaccionó así a una demanda presentada por un grupo de diputados ante la Sala Constitucional de Costa Rica en contra de la referida normativa, bajo el supuesto de que abriría una ventana para legalizar el aborto en el país.
La especialista señaló algunas falencias de la nueva demanda recién presentada por los diputados, quienes alegan una supuesta falta de tutela a la vida del feto o embrión por el empleo del término médico "producto", usado por la Organización Mundial de la Salud.
El aborto terapéutico es legal en Costa Rica cuando peligra la vida de la madre, pero hasta ahora casi ningún médico lo realizaba debido a la falta de una reglamentación.
A raíz de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, un equipo técnico elaboró la propuesta de metodología para el aborto terapéutico, que el presidente Carlos Alvarado firmó en diciembre de 2019.
"Si bien la norma tiene algunos conflictos, igual constituye un avance, un primer paso para tener una herramienta que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y proteja su salud", enfatizó Arroyo.
La normativa aplica al artículo 121 del Código Penal de Costa Rica que avala el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico u obstetra autorizado, si se hace para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, cuando otros medios han sido insuficientes.
Yeray García Fontánez
